Al menos eso aseguró en el mes de octubre, durante el acto de presentación del libro de Mila Hernán, "El saqueo de Afinsa" (Ed. Cultivalibros), Miguel Bernard, presidente del sindicato "Manos Limpias", quien anunció el inicio de acciones penales contra los responsables de la intervención, que no respondía a una estafa piramidal, sino a una operación "político financiera". Según Bernard la intervención, que tuvo lugar el 9 de mayo de 2006, fue pactada entre Rubalcaba y Botín en el hotel Atrio de Valladolid. Bernard también denunció que la intervención de Afinsa coincidió en el tiempo con las detenciones "ilegales" de afiliados del PP, acusados falsamente de haber agredido a José Bono. Los administradores de Afinsa fueron detenidos y entraron en prisión para luego ser puestos en libertad sin fianza. El año de la intervención Afinsa tenía unos beneficios de 43,9 millones de euros y más de 180 millones de Euros de liquidez el día de la intervención. Según Bernard, "algún juez de lo mercantil podría haber incurrido en ilícitos penales". Y es que el debate es si Afinsa y Fórum eran entidades mercantiles o financieras.
A la presentación, además de la autora, asistieron los periodistas de Intereconomía Enrique de Diego y María Eugenia Viñes; los letrados Juan Molina y Virginia López-Negrete, así como una representación del partido Ciudadanos (C´s), que quiso mostrar su apoyo a las miles de familias afectadas por la intervención, que han perdido todos sus ahorros.
El letrado Juan Molina quiso destacar las "irregularidades procesales" que según él se han cometido a lo largo de los procedimientos abiertos. Molina denunció que la intervención pasará a los anales de los concursos de acreedores, porque "no hay concurso de acreedores". Para el letrado, si no se consigue recuperar lo incautado "España no es un Estado de Derecho".
Por su parte, Enrique de Diego denunció el "sistema corrupto" y la "casta parasitaria" que tienen sometida a España, en la cual incluyó no sólo a políticos y partidos, sino también a empresarios, financieros y medios de comunicación, sometidos vía "concesión administrativa y publicidad institucional". De Diego denunció que la intervención de Afinsa, que ha afectado a 190.000 familias (sólo Afinsa), fue un "expolio del gobierno para pagar a la banca".
La autora del libro "El saqueo de Afinsa", Mila Hernán, muy aplaudida por una sala llena a rebosar, denunció, muy emocionada, que para ella la intervención de la empresa en la que había depositado los ahorros de toda su vida "es otra Rumasa". Para Hernán, que en el libro aporta numerosa documentación para demostrar la "operación político-financiera" que fue la intervención, ésta ha sido una "operación de terrorismo económico en estado puro".
Finalizado el emotivo acto, tomaron la palabra varios afectados por las intervenciones de Fórum y Afinsa. Rafael, de Huelva, quien había acudido al acto por sus propios medios , "porque a mí nadie me paga un autobús y un bocata", denunció que ha sido condenado a pagar una multa de 3o0 euros por llamar "sinvergüenza" a un delegado de Hacienda que, en escrito remitido, señalara que la empresa era financiera y no mercantil, es decir, lo contrario a lo que dijeron luego los tribunales.
La pregunta que queda por responder, el nudo gordiano de la cuestión, en esta intervención es tan sencilla como la siguiente:
- Si eran empresas mercantiles… ¿porqué se intervienen?
- Si eran empresas financieras… ¿porqué se las permitió operar durante 25 años sin decir ni mú?
