La Asociación Perjudicados Fórum Madrid, que agrupa a más de 30.000 afectados por el caso Fórum Filatélico, presentó ayer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra el Estado español.
En la demanda se afirma que "los demandantes consideran que se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada recogido en el Protocolo Adicional Primero al Convenio, de 20 de marzo de 1952, en tanto la actuación del Estado ha privado injusta y antijuridicamente a los demandantes de bienes de contenido patrimonial sin acceder a una justa compensación".
Piden poder recurrir al Supremo
También reclama el derecho de los perjudicados con pérdidas inferiores a 150.000 euros a acceder al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, puesto que cerca del 95% de los afectados de Fórum y Afinsa no pudieron recurrir, ya que la legislación española limita el acceso a la segunda instancia a aquellas reclamaciones superiores a 150.000 euros."Se considera vulnerado igualmente el artículo 6.1 del Convenio en relación con el artículo 13, en tanto se ha privado a los demandantes del acceso al único recurso previsto por el ordenamiento jurídico para la revisión del fondo del asunto, quedando por lo tanto sin revisión la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional", afirman los abogados del Bufete Marín en sus argumentaciones.
Del mismo modo, solicitan que se ordene al Estado español que indemnice a cada afectado por la cantidad total reclamada a la Administración en el caso de ser reconocida la vulneración del derecho a la propiedad privada.
Subsidiariamente, en el caso de que no fuese posible el resarcimiento de los derechos vulnerados en la manera solicitada, los demandantes solicitan que se ordene al Estado español que proceda a una satisfacción equitativa, que debe ascender a 5.000 euros para cada uno de los 3.000 demandantes que apoyan el recurso.
La última resolución del Supremo respecto del caso Fórum, de diciembre de 2010, dio la razón a la Audiencia Nacional y ratificó la sentencia que desestimaba las pretensiones de los perjudicados a ser indemnizados por responsabilidad patrimonial del Estado.
